Los piratas de Borge: El saqueo de bienes institucionalizado en Quintana Roo
Esta es la historia de una maquinaria institucional compuesta por funcionarios públicos y notarios auspiciados por el gobernador Roberto Borge que arrebata el patrimonio de empresas y particulares.
CANCÚN (Expansión / Mexicanos contra la corrupción y la impunidad) -Es viernes 23 de mayo de 2014. Caribe mexicano. El mar turquesa de Tulum, Quintana Roo. La arena blanca y esos primeros rayos del sol que luchan por desterrar la modorra de los vacacionistas mexicanos y europeos que se hospedan en el hotel boutique Playa Azul.
Apenas pasan las 7 de la mañana. Aún no es horario laboral, pero el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez y tres de sus compañeros de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún, irrumpen el idílico despertar de este lugar que, por 210 dólares la noche, te acoge en sus cabañas de techos de palmas, terrazas de madera y un pequeño bar a la orilla del mar.
Los funcionarios dependientes de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social local vienen a arrebatar este pedazo de paraíso sin identificarse ni mostrar una orden escrita, pero acompañados de cuatro camionetas llenas de policías municipales armados. En otras ocasiones, en propiedades cercanas, llegaron con grupos de choque que cargan palos y machetes, vestidos de playeras negras, gorras y pañuelos en sus rostros para no ser identificados.
En seis horas, camas, mesas, sillones, trastes de cocina y camastros quedan arriba de una mudanza y los turistas en la calle con sus maletas. En seis horas, el ejidatario Joel Tovar, deja de tener la posesión de 4,500 metros cuadrados de su parcela del ejido José María Pino Suárez y el español Andrés Pérez, pierde su ahorros en el hotelito en que había invertido y que administraba desde hacía cinco años.
En esta franja costera todo es confuso y absurdo: La Junta de Conciliación y Arbitraje entregó el terreno y el hotel a un par de particulares que inventaron ser trabajadores despedidos injustificadamente, dijeron tener sueldos al mes de 753,234 pesos e interpusieron un juicio laboral contra otras personas (no contra Joel ni contra Andrés) que dicen ser dueñas de esa franja de la costa.
El supuesto salario de los ex trabajadores despedidos es 3.6 veces más alto que el del Presidente Enrique Peña Nieto, quien percibe 208,570 pesos brutos. La “ley fue justa” pues a los supuestos patrones los condenaron a pagar 200 millones de pesos a esos dos empleados, y para hacer efectivo el pago embargaron los hoteles.
Joel y Andrés nunca conocieron a las personas que les demandaron y dicen jamás haberse enterado de ese juicio que fue utilizado para despojarlos de sus bienes. El absurdo se apodera de todo: el gobierno del estado encabezado por Roberto Borge habría dejado, a través de la falsificación del registro de la propiedad y de un dudoso juicio laboral sin su patrimonio para proteger a falsos trabajadores de falsos dueños. Esa mañana de mayo la escena se repite en tres hoteles más: Cabañas Ixchel, Dos Ceibas y Puerta del Cielo. Y dos años después en junio de 2016, con idéntico proceder la trama del despojo se repite en Tulum.
La red oficial de despojos
El despojo al Hotel Playa Azul es sólo uno de los casos que Expansión y Mexicanos contra la corrupción y la impunidad han corroborado, donde empresas y particulares han sido afectados a través de una maquinaria institucional que es operada por una red que involucra a funcionarios públicos del gobierno de Roberto Borge.
Esta red maneja un sistema masivo de fraudes y despojos de casas, departamentos de lujo, edificios y terrenos a particulares para apropiárselos o venderlos a la mitad de su valor. El esquema de despojo también opera mediante el congelamiento y retiro de dinero de cuentas bancarias. Esto le sucedió en marzo y mayo de este año a las empresas Pochteca y Planigrupo, hoy registradas en la Bolsa Mexicana de Valores, y a varias empresas locales y multinacionales entrevistadas que no permitieron citar su nombre en esta investigación por temor a represalias.
Los denunciantes señalan que la estrategia está montada en juicios laborales falsos o amañados por medio de las Juntas de Conciliación y Arbitraje, o mediante compras irregulares avaladas por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la entidad y al menos una notaria pública a través de juicios civiles exprés.
Los protagonistas de la red: el exsecretario del Trabajo, Patricio de la Peña; el subsecretario del trabajo en la zona norte, Enrique de la Cruz Pineda; el presidente de la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje, Alexis Zavala Ávila; y el exdirector del Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), Carlos Lima, recientemente nombrado magistrado por el Congreso local a propuesta directa del gobernador. El nombramiento quedó aprobado junto con el llamado “paquete de impunidad” para el mandatario priista.
Varios de los compradores de esos inmuebles son funcionarios municipales y políticos del PRI y Partido Verde, que se vieron beneficiados en transacciones a menor precio que lo que se establecía en su momento. No existe una cifra global que pueda dar cuenta del tamaño de la afectación, pero tan solo en cuatro de los casos —cuyos expedientes se tienen—, una muestra mínima de lo sucedido en el estado, el daño rebasa los 340 millones de pesos.
Este esquema de despojos de bienes y congelamientos de cuentas bancarias tiene más de cinco años que opera en el estado. Roberto Borge conoce las afectaciones a través de desplegados, de notas de medios locales y nacionales —como uno publicado en septiembre de 2015 por la periodista Lydia Cacho—, por manifestaciones de afectados como los de Tulum, además de reclamos directos de empresarios y políticos que conocen la situación.
Ante los hechos, representantes del empresariado local buscaron a Borge a través de su secretario de Gobierno. La respuesta fue crear una mesa de diálogo en octubre de 2015 con parte de los involucrados en su operación. Los empresarios quedaron sorprendidos al ver que la mesa fue coordinada por quienes consideraban responsables del despojo: el entonces secretario del trabajo, Patricio de la Peña y el subsecretario, Enrique de la Cruz Pineda.
En enero de 2016 el gobierno y las cámaras empresariales firmaron un convenio para mejorar el actuar de las Juntas Locales de Conciliación a fin de hacer más transparentes los juicios laborales contra sus empresas. Eso no surtió efecto y a lo largo del 2016 los fraudes y despojos de inmuebles tierras y dinero a través de juicios laborales continuaron.
Varios de los funcionarios involucrados siguen en sus cargos y las operaciones continúan. Otros han conseguido cargos de elección popular. Tras la derrota electoral de la alianza PRI-PVEM en el estado, el congreso local controlado por Borge eligió a puerta cerrada y en un hotel de Cancún, a Javier Félix Zetina González —primo del exgobernador Félix González Canto, padre político de Borge— como el nuevo titular de la Auditoría Superior del estado.
Estos despojos amparados por la autoridad se dieron en un estado al borde de la ruina. Quintana Roo es el estado del país con mayor deuda por habitante. Debe 2.5 veces el dinero que recibe al año de la Federación (el promedio nacional es 0.8 veces) según un reporte de abril del Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados. Es la segunda deuda más cara del país, por encima de Tlaxcala. La calificadora de deuda S&P, que evalúa la capacidad financiera de los estados, prevé un déficit después de gasto de inversión de 10% de sus ingresos totales en el periodo 2016-2017 si el estado no corrige el rumbo.
El gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto conoce el caso: El 29 de mayo de 2014 se publicó un desplegado a plana completa en El Universal donde se explica la problemática de despojos en Tulum y la violencia que se ejerce contra ellos para presionarlos a dejar sus tierras. La Presidencia turnó el caso a la Procuraduría Agraria.
Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad buscaron por varios medios a los principales actores involucrados. El exsecretario del Trabajo Patricio de la Peña declinó hacer cualquier comentario, otras llamadas al vocero y al secretario de gobierno del estado fueron infructuosas, mientras que Alexis Zavala, presidente de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje número 2 sí aceptó una entrevista telefónica donde dijo que actuó conforme a derecho y desvinculó al gobernador Roberto Borge de cualquier acusación.
Aquí su versión:
—Una de las grandes críticas que se le hacen a la junta es que no notifican. Al revisar los expedientes, como un modus operandi, nunca los encuentran en sus lugares, y ustedes proceden con el juicio.
—En el caso de la notificación hay un procedimiento establecido en la Ley Federal del Trabajo, éste no se puede pasar por alto. Uno no puede prescindir del proceso en un juicio laboral de las formalidades que estable la ley para notificar.
—Pero ellos dicen que ustedes no los notificaron, que nunca pudieron ver los expedientes y que les han puesto muchas trabas para conocer de qué se les acusa.
—Eso, evidentemente, no es cierto.
—(En Tulum) dos trabajadores dijeron que ganaban 753,234 pesos al mes, ¿y ustedes les creyeron?
—Por regla general la carga de la prueba es para el patrón, y si el patrón en su momento no puede desacreditar o desvirtuar esta situación, se tiene en su momento que condenar.
—¿Y cómo el patrón va a poder demostrar lo contrario si ustedes no los notifican?
—La verdad es que no quiero discutir con su apreciación. Si es su forma de ver las cosas no tengo mucho qué decir al respecto más que hay estricto apego a la ley.
—¿Ustedes se han beneficiado, han recibido algún porcentaje del dinero que reciben los trabajadores?
—Categóricamente no.
—¿En algún momento el gobernador Borge le ha pedido una resolución en algún sentido?
—Absolutamente no. Nosotros, como presidentes de junta, somos absolutamente autónomos en las decisiones que tomamos.
Juicios laborales: de una inconformidad… al despojo de bienes
Faltan siete días para la quincena, es 23 de marzo de 2016, y en las instalaciones de la compañía transnacional Pochteca, ubicadas en la Ciudad de México, se prepara el pago a sus trabajadores. El tesorero de la empresa ha intentando sin éxito hacer las transferencias electrónicas. Habla al banco donde tiene depositado el dinero de la nómina y la noticia que le dan lo deja pasmado: su cuenta bancaria está congelada.
Ante el problema, el encargado de los pagos intenta hacer la operación con otra cuenta y sucede lo mismo. El director de la empresa indaga y se entera que las cuentas habían sido inmovilizadas por orden de la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Cancún. En un juicio laboral del cual no estaban enterados se había fallado en contra de la empresa.
“Fuimos a la Junta de Conciliación a pedir copia del expediente y nos dijeron que estaba ‘extraviado’; intentamos interponer un amparo y el juez nos pedía que le lleváramos copia del expediente. Tuvimos que llevar a un notario a que diera fe de que el expediente no lo tenían en la Junta... logramos el amparo y nos dieron acceso a él, pero era demasiado tarde, de nuestras cuentas ya habían retirado dinero para cobrar los laudos”, narra Armando Santacruz, director general de la empresa.
Pochteca es una empresa que cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores y se especializa en la distribución de papel, cartón, químicos y lubricantes en más de 500 ciudades de Latinoamérica.
Entre marzo y abril de 2016, le fueron inmovilizadas siete cuentas bancarias y retirados casi 5 millones de pesos producto de dos juicios laborales radicados en la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje Número 1, bajo el expediente 072/2014 y de la Junta Especial Número 2, con el expediente 1098/214. Ambas ubicadas en Cancún.
Pochteca fue víctima de un juicio laboral amañado donde se violó su derecho a audiencia, ya que nunca fueron notificados para defenderse. Tampoco se les informó del fallo del juicio que los condenaba al pago de una indemnización millonaria. Los directivos de Pochteca se enteraron de la primera denuncia laboral en su contra cuando les inmovilizaron sus cuentas de Banamex, HSBC y Banorte para cobrar el laudo laboral por 1 millón 598,566 pesos de un trabajador que los había demandado un año antes. De los detalles de juicio se pudieron enterar a través de una orden del Juzgado Tercero de Distrito, que obligó a que les dieran acceso a su expediente.
El problema no paró ahí. Un mes después vino una segunda demanda por parte de una persona que nunca ha trabajado en la empresa. Con la segunda demanda interpuesta por el falso trabajador, la empresa aún lucha para que le entreguen el expediente y poder saber quién y por qué los demandan. Se encuentran a ciegas.
“Es un absurdo no conocer quién te demandó, ganó un laudo y cobró el dinero, no saber el por qué te lo retiran porque te lo retiraron de tus cuentas sin tú enterarte de nada; hacen todo así para que no te puedes defender. Violan totalmente tu derechos a defenderte”, expresa Santacruz, quien aún litiga en tribunales.
De manera similar a las acusaciones de Pochteca, la desarrolladora Planigrupo sufrió la congelación de sus cuentas por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje número 2 de Cancún el 10 de mayo de este año, según fuentes conocedoras del caso que solicitaron el anonimato.
Cuando los abogados de la compañía solicitaron el expediente la Junta se negaron a compartirlo. Una semana después, la Junta tomó 2.2 millones de pesos de sus cuentas. Al día de hoy la compañía sigue sin recibir formalmente el expediente del caso. En la poca información pudieron saber por otras fuentes, que el laudo nació de una denuncia de 2011, fecha en que la empresa aún no existía en Quintana Roo.
Adiós a los Lofts de la Laguna
Con el mismo modus operandi de juicios laborales fueron embargados 51 de 62 condominios del complejo llamado Lagoon Loft, ubicados dentro del Club de Golf Pok Ta Pok en la zona hotelera de Cancún. La causa fue una demanda laboral de 21 supuestos empleados, iniciada nuevamente en la Junta Especial Número 2 de Conciliación y Arbitraje de Cancún con el expediente 1049/2012.
El embargo del edificio se dio cuando los inversionistas atravesaban por un problema económico y detuvieron la terminación del equipamiento del complejo. De nueva cuenta, el actuario Freddy Ricardo Quintal Bojórquez llegó con una veintena de policías municipales armados para ejecutar la diligencia mandatada por la autoridad laboral. La justificación legal era cumplir con un embargo para pagar el laudo por 48 millones de pesos a favor de los supuestos trabajadores.
El tiempo que transcurrió entre que el propietario de los lofts se enteró del juicio laboral que se realizaba en su contra y el desalojo del inmueble fue de tres meses. nullLagoon Lofts está valuado comercialmente en 20 millones de dólares. El representante legal de la empresa afirma que los propietarios han perdido en el juicio alrededor de 1.5 millones de dólares entre los honorarios de abogados, la destrucción de la propiedad y el robo del equipamiento del edificio.
Ante el embargo de sus propiedad, la empresa presentó un juicio de amparo, lo ganó, y se ordenó reponer el procedimiento, lo que aún no sucede.
Los laudos resultantes en pagos generosos son una práctica común en las Juntas de Conciliación y Arbitraje de Quintana Roo. En 2012, por medio de estas instancias, los trabajadores recuperaron en juicios laborales 326.3 millones de pesos. La cifra se mantuvo estable en los dos años siguientes, pero en 2015 —un año antes de la elección a gobernador y en sólo cinco meses— la cantidad dio un salto para llegar a los 561.4 millones de pesos: 67% más que el año anterior, según la página de transparencia de la Secretaría del Trabajo de Quintana Roo.
Si el dinero recuperado llegara realmente al trabajador, Quintana Roo sería el ensueño de cualquier empleado a la hora de interponer una demanda laboral: se falla a su favor, los patrones no se defienden y la 'justicia' llega de manera expedita.
Un contraste: mientras que en cinco meses de 2015 en la Ciudad de México se recuperaron 39,911 pesos por asunto concluido, en Quintana Roo se llegó a los 129,740 pesos por cada uno de ellos.
La información de la página de transparencia no está completa: falta la cantidad recuperada en los otros siete meses del 2015 y el primer semestre del 2016, cuando se dio el laudo de algunos de los casos reportados en esta investigación.
Saqueo en la torre
“Esta es mi casa: ¿qué quieres?, ¿qué güey?, ¿qué estás mirando? Es mi casa. Yo tengo las escrituras legales, ¿qué más quieres? ¡No estoy jugando, eh!”, advierte un hombre con acento cubano mientras amenaza con un tubo de metal a la coautora y el videasta de esta investigación de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad.
Es una persona de carnes anchas y piel morena que este día de junio viste bermudas holgadas, playera deslavada, y muestra disposición a golpear al primero que se atreva a retarlo. La cámara lo capta amenazador. La reportera y el camarógrafo se ven obligados a retirarse.
El departamento que dice que es de su propiedad se encuentra en el exclusivo condominio Maioris Tower, y tiene un costo de cuatro millones de pesos. Algunos de los condominios de este desarrollo cuentan con elevador privado de acceso directo. Los periodistas pueden constatar cómo durante la toma de los departamentos varios cerrajeros presurosos cambian las chapas en las puertas de acceso.
El hombre del tubo de metal es una de las 10 personas que el 22 de mayo se apropiaron irregularmente de seis departamentos de ese desarrollo después de que, de acuerdo con denuncias por la inmobiliaria, fueran vendidos, escriturados e inscritos en el Registro Público de la Propiedad local de manera irregular.
Una hora antes de que la enviada de Expansión y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidadllegara en junio pasado a Maioris para atestiguar un desalojo, los supuestos nuevos propietarios habían arribado a ese lugar con una treintena de policías judiciales del Estado de Quintana Roo quienes portando armas largas, rompieron chapas de las puertas de acceso sin mostrar una orden judicial, según varios testimonios.
Maioris Tower está compuesto por dos torres de 17 pisos desde donde se puede divisar Cancún. Cuenta con embarcadero privado, alberca, áreas verdes, salón de usos múltiples, áreas infantiles, gimnasio, spa y acceso a un campo de golf.
El edificio de 92 condominios está ubicado en Puerto Cancún, una de las zonas con mayor plusvalía de la franja turística del Caribe. Los precios de los departamentos van de los cuatro a los 10 millones de pesos, de acuerdo con datos de la Asociación Mexicana de Propietarios Inmobiliarios (AMPI) y de los propios desarrolladores.
El proceso del despojo
En noviembre de 2005, con el objeto de construir un edificio de condominios, un grupo de inversionistas españoles creó una sociedad llamada Maioris Cancún ante el notario No. 20, Benjamín De la Peña Mora, con sede en Cancún, padre de los hasta hace unos meses Secretario del Trabajo, Patricio De la Peña y del Secretario del Ayuntamiento de Cancún, José De la Peña.
Dos años más tarde, en octubre del 2007, el mismo notario tramitó la compra del terreno donde realizaría el lujoso complejo residencial. El 12 de enero del año 2010, ahora ante el notario Número 30, Luis Miguel Cámara Patrón, actual dirigente del Consejo Coordinador Empresarial del Caribe, se constituyó el régimen de propiedad en condominio. Para su construcción, Maioris solicitó un crédito hipotecario con la Caja de Ahorro de Valencia, Castellón y Alicante Bancaja, ahora Bankia, por 33,4 millones de dólares.
En 2011 comenzó su comercialización. A mediados de 2015 la empresa tuvo un problema económico que le ocasionó una parálisis comercial y la entrada de nuevos inversionistas. Fue en ese momento cuando empezaron a aparecer “dueños" distintos, a los reconocidos por Maioris. La estructura oficial y empresarial relacionada al gobernador Borge, cual tiburón del Caribe, había olido ya la sangre de una empresa herida.
El abogado Francisco Siman narra que la empresa tuvo conocimiento de las 19 ventas irregulares de departamentos de lujo hasta cuatro años después. A pesar de que las ventas se realizaron supuestamente a partir de 2011, se inscribieron en 2015 en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC) de Quintana Roo. Fue entonces cuando se dieron cuenta de lo que sucedía.
La encargada de dar fe a las operaciones de compra-venta fue la notaria número 22, Yolanda Solís Olveres, radicada en Isla Mujeres. Algunas de las transacciones de departamentos escriturados por ella fueron “vendidos” hasta en un 50% menos del valor comercial. Un ejemplo es el caso de los inmuebles con los números 26 y 90 que en una sola transacción, se vendieron en 538,470 dólares, cuando su valuación de mercado era de un millón de dólares.
Para las ventas fueron falsificadas, según la denuncia de Maioris, las firmas de la representante legal de la inmobiliaria y del ejecutivo de Bankia, acto por el que se levantaron denuncias ante el Ministerio Público. La notaria Solís Olveres se negó a recibir llamada de los reporteros hasta en tres ocasiones.